CIES: uns presó administrativa/ una cárcel administrativa

Interessant reportatge de 30 minuts/interesante reportaje:

http://www.tv3.cat/videos/5256391/CIE-preso-administrativa

Las sucesiones internacionales: ¿en qué afecta a la STJUE de 3 de septiembre de 2014?

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la STJUE de 3 de septiembre de 2014 (Asunto C-127/12) que declara que España ha incumplido sus obligaciones recogidas en el TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea) y en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) al permitir que haya diferencias de trato fiscal en las donaciones y sucesiones entre los residentes y los no residentes en España y entre los bienes inmuebles en territorio español y fuera de éste.
Esta sentencia se ha dictado no en el marco de un procedimiento prejudicial (a lo que nos tienen acostumbrados casos como el asunto Asís, en relación a las cláusulas abusivas en las hipotecas, o el asunto Costeja, en el caso del derecho al olvido y Google), sino en el marco de una de sus otras competencias que es la de controlar que los Estados miembros cumplan las obligaciones asumidas en los tratados.(1)

La normativa española de sucesiones permite que las Comunidades Autónomas asuman competencias en materia del impuesto de sucesiones y donaciones y que éstas puedan aplicar reducciones en este impuesto.

La misma normativa dice que el impuesto de sucesiones cedido a las Comunidades Autónomas es aquel que se ha producido en su territorio y para determinarlo se fijan dos puntos de conexión: el de la residencia habitual en este territorio del causante o el de la radicación en este territorio de los bienes inmuebles objeto del impuesto.
La consecuencia de esta normativa según el TUE es que al causante de que no resida en territorio español o los bienes inmuebles los tenga fuera del territorio español (y por tanto en ninguna Comunidad Autónoma) se le aplica la normativa estatal y no puede beneficiarse de las reducciones establecidas y esta carga fiscal más elevada que tienen que soportar estas personas supone una restricción a la libre circulación de capitales, ya que el mismo TJUE en casos anteriores ya ha declarado que son restricciones al movimiento de capitales las medidas nacionales que causan una disminución del valor de la herencia.(2)

Por lo tanto, el Estado Español está obligado ahora a cambiar su normativa en materia de impuesto de sucesiones. Esta modificación no debería afectar al traspaso de competencias del impuesto a las Comunidades Autónomas que la sentencia del TJUE no cuestiona para nada sino que tendrá que encontrar un encaje para que residentes y no residentes tengan las mismas reducciones.
Ahora bien, esta cuestión fiscal importantísima en el ámbito de las sucesiones debe ir ligada a otra cuestión jurídica propia del Derecho Internacional Privado que seguramente en los próximos meses también saldrá a la luz publica: la ley aplicable a las sucesiones transfronterizas y la competencia judicial:el 17 de agosto de 2015 entra en vigor el reglamento comunitario sobre sucesiones 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones por causa de muerte y en la creación de un certificado sucesorio europeo, que recoge las normas que a partir de ahora determinarán qué ley aplicamos a una sucesión y qué tribunales serán competentes entre otras materias.
El Reglamento deja claro que no hace referencia al tratamiento fiscal, pero es evidente la interrelación de esta cuestión en el momento de planificar una sucesión.

Sistema actual en materia de ley aplicable:
En el actual sistema recogido en el Código Civil español (art. 9.8) se determina que la ley aplicable a la sucesión es la ley de la nacionalidad del causante en el momento de su fallecimiento

Nuevo sistema a partir de la entrada en vigor del Reglamento UE:
La ley que regirá toda la sucesión será la ley de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento
Ahora bien, la persona podrá determinar en vida y al hacer testamento o cualquier otra forma de disposición mortis causa que desea que se aplique a su sucesión la ley de cualquiera de las nacionalidades que ostente en el momento de hacer esta elección o en el momento de su fallecimiento.
Dado que el Reglamento comunitario se configura con carácter erga omnes (se aplicará siempre aunque la ley designada por el Reglamento no sea la ley de un Estado miembro) y teniendo en cuenta su carácter de norma de aplicación directa en los Estados miembros sin necesidad de transposición, la norma contenida en el Código Civil español queda desplazada.
Esta nueva normativa supone, pues, un cambio fundamental: se cambia el criterio general de nacionalidad del causante por el criterio de residencia habitual.

El reglamento contiene muchas otras estipulaciones en materia de competencia judicial, aunque aquí no cambia tanto el punto de conexión general basado en la residencia, como otras precisiones, como por ejemplo la posibilidad de elegir el foro. Todo ello acompañado de normas de reconocimiento y ejecución de estas resoluciones judiciales.

Es necesario recordar que la materia de sucesiones está expresamente excluida del Reglamento Bruselas I y por lo tanto hasta ahora quedaba en manos de la normativa de cada Estado miembro la determinación de la competencia judicial, pasando en cambio ahora a tener normativa de la UE, de aplicación generalizada a todos los Estados miembros a los que les es de aplicación. (4)
También hay que tener en cuenta la creación del certificado sucesorio europeo con la voluntad de que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan invocar su calidad y ejercitar sus derechos y facultades en otro estado miembro.

¿Como tendremos que actuar al planificar una herencia con claros elementos de internacionalidad?

El presente artículo no pretende ser un análisis detallado del Reglamento de sucesiones de la UE sino poner en relación esta nueva normativa, que todavía no ha entrado en vigor, y la normativa fiscal que ahora el TJUE ha venido a sancionar en el caso español.

Por lo tanto, a la hora de planificar una sucesión y, en consecuencia, hacer testamento deberemos tener en cuenta qué ley queremos que se aplique a la sucesión, lo que determinará por ejemplo la existencia o no de legítimas, pero también qué relación tendrá con la fiscalidad.

Pensando ya en el horizonte que se plantea más allá de agosto de 2015:

A un residente alemán en la costa catalana le puede interesar que la ley que rija su sucesión sea su ley nacional, pero si es residente en Cataluña y deja bienes aquí también debe tener en cuenta la legislación fiscal que se le aplicará.
Si este alemán sólo es propietario de una casa que sólo utiliza durante los meses de verano y tiene abierta una cuenta bancaria con algún dinero para cuando viene durante esas fechas pero sigue residiendo en su país, se le aplicará la ley alemana a la sucesión (ley de la residencia habitual y, además, la de su nacionalidad), pero sus causahabientes podrán invocar las reducciones fiscales catalanas aunque no sean residentes, siguiendo el criterio de la STJUE.

Pero las múltiples posibilidades y combinaciones son posibles y los resultados aún más:

¿Y si este alemán ostentara además otra nacionalidad? ¿Podría haber optado a que su sucesión se rigiera por la ley de esa otra nacionalidad? En ese caso, ¿tendría consecuencias fiscales?
Si complicamos más la situación y pensamos en un ciudadano británico (no vinculado por el Reglamento) o un ciudadano de Canadá (extracomunitario) que se mueren en España sin haber hecho testamento y con bienes tanto muebles como inmuebles en los dos países, ¿qué ley aplicaremos? ¿Con qué efectos fiscales? El criterio de la STJUE, ¿sería aplicable a todas las sucesiones internacionales o sólo respecto de los ciudadanos de la UE?

Las respuestas no son sencillas ya que son una combinación de la normativa sobre ley aplicable y de normas fiscales.
Así, a los extranjeros no comunitarios que se mueran en España y de los que se plantee una sucesión aquí se les aplicará las normas del Reglamento UE (residencia habitual del causante), pero su país de origen tendrá otras normas determinantes de la ley aplicable que no tienen porqué estar basadas en la residencia sino en la nacionalidad y que otorguen derechos hereditarios diferentes y, por lo tanto, ya tenemos el conflicto servido. Los tribunales deberán resolver en muchos casos estos conflictos, ¿pero qué tribunales? Si el Estado de la nacionalidad del causante no vinculado por el Reglamento UE no reconoce la competencia de los tribunales de la residencia de este podríamos tener resoluciones irreconciliables e inejecutables al otro estado.
Con independencia de la determinación de los derechos hereditarios, que puede ser pacífica o no, los causahabientes no residentes nacionales de países comunitarios debería tener el mismo tratamiento fiscal que los residentes (STJUE). Los no comunitarios y no residentes en ningún estado miembro que, en consecuencia, no estén vinculados por la normativa europea no podrán pedir este mismo tratamiento fiscal que está amparado en la no discriminación y en la libertad de circulación de capitales, a menos que la normativa fiscal de cada estado miembro así se los reconozca.

(1)(ver la página web del TJUE para comprobar sus funciones. http://curia.europa.eu/)

(2) Asunto Jäger C-256/06, Asunto Welte C-182/12 y Asunto Mattner C-510/08 http://curia.europa.eu/

(3)REGLAMENTO (UE) Nº 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
(4)Hay que recordar que ni GB, ni Irlanda ni Dinamarca quedan vinculados por este reglamento UE 650/2012

Les successions internacionals: en què afecta la STJUE de 3 de setembre de 2014?

Recentment els mitjans de comunicacions s’han fet ressò de la STJUE de 3 de setembre de 2014 (Afer C-127/12) que declara que Espanya ha incomplert les seves obligacions recollides en el TFUE (Tractat Fundacional de la Unió Europea) i en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE) al permetre que hi hagi diferències de tracte fiscal a les donacions i successions entre els residents i els no residents a Espanya i entre els bens immobles en territori espanyol i fora d’aquest.
Aquesta sentencia s’ha dictat no en el marc d’un procediment prejudicial (al que ens tenen acostumats casos com l’afer Azziz, en relació a les clàusules abusives a les hipoteques, o l’afer Costeja en el cas del dret a l’oblit i Google), sinó en el marc d’una de les seves altres competències que és la de controlar que els Estats membres compleixin les obligacions assumides en els tractats. (1)
La normativa espanyola de successions permet que les Comunitats Autònomes assumeixin competències en matèria de l’impost de successions i donacions i que aquestes puguin aplicar reduccions en aquest impost.
La mateixa normativa diu que l’impost de successions cedit a les Comunitats Autònomes és aquell que s’ha produït en el seu territori i per determinar-ho es fixen dos punts de connexió: el de la residència habitual en aquest territori del causant o el de la radicació en aquest territori dels bens immobles objecte de l’impost.
La conseqüència d’aquesta normativa segons el TJUE és que al causant que no resideixi en territori espanyol o els bens immobles els tingui fora del territori espanyol (i per tant en cap Comunitat Autònoma) se li aplica la normativa estatal i no pot beneficiar-se de les reduccions establertes i aquesta càrrega fiscal més elevada que han de suportar aquestes persones suposa una restricció a la lliure circulació de capitals, ja que el mateix TJUE en casos anteriors ja ha declarat que son restriccions al moviment de capitals les mesures nacionals que causen una disminució del valor de l’herència .(2)
Per tant l’Estat Espanyol està obligat ara a canviar la seva normativa en matèria d’impost de successions. Aquesta modificació no hauria d’afectar al traspàs de competències de l’impost a les Comunitats Autònomes que la sentència esmentada del TJUE no qüestiona per res sinó que haurà de trobar un encaix per a que residents i no residents tinguin les mateixes reduccions.
Ara bé, aquesta qüestió fiscal importantíssima en l’àmbit de les successions ha d’anar lligada a una altra qüestió jurídica pròpia del Dret Internacional Privat que segurament en els propers mesos també sortirà a la llum publica: la llei aplicable a les successions transfrontereres i la competència judicial:
El 17 d’agost de 2015 entra en vigor el reglament comunitari sobre successions 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell,(3)  relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions per causa de mort i a la creació d’un certificat successori europeu , que recull les normes que a partir d’ara determinaran quina llei apliquem a una successió i quins tribunals seran competents entre altres matèries.
El Reglament deixa clar que no fa referència al tractament fiscal, però és evident la interrelació d’aquesta qüestió en el moment de planificar una successió.
Sistema actual en matèria de llei aplicable:
En l’actual sistema recollit en Codi Civil espanyol (art. 9.8) es determina que la llei aplicable a la successió és la llei de la nacionalitat del causant en el moment de la seva defunció.

Nou sistema a partir de l’entrada en vigor del Reglament UE:
La llei que regirà tota la successió serà la llei de la residència habitual del causant en el moment de la seva defunció
Ara bé, la persona podrà determinar en vida i en fer testament o qualsevol altre forma de disposició mortis causa, que vol que s’apliqui a la seva successió la llei de qualsevol de les nacionalitats que ostenti en el moment de fer aquesta elecció o en el moment de la seva defunció.
Donat que el Reglament comunitari es configura amb caràcter erga omnes (s’aplicarà sempre encara que la llei designada pel Reglament no sigui la llei d’un estat membre) i tenint en compte el seu caràcter de norma d’aplicació directe als estats membres sense necessitat de transposició, la norma continguda en el Codi Civil espanyol queda desplaçada.
Aquesta nova normativa suposa, doncs, un canvi bàsic: es canvia el criteri general de nacionalitat del causant pel criteri de residència habitual.
El reglament conté moltes altres estipulacions en matèria de competència judicial, tot i que aquí no canvia tant el punt de connexió general basat en la residència, com altres precisions, com ara la possibilitat d’escollir el for. Tot això acompanyat de normes de reconeixement i execució d’aquestes resolucions judicials.
Cal recordar que la matèria de successions està expressament exclosa del Reglament Brussel•les I i per tant fins ara quedava en mans de la normativa de cada estat membre la determinació de la competència judicial, passant en canvi ara, a tenir normativa de la UE, d’aplicació generalitzada a tots els estats membres que els hi és d’aplicació. (4)
També cal tenir en compte la creació del certificat successori europeu amb la voluntat de que els hereus, legataris, executors testamentaris o administradors de l’herència puguin invocar la seva qualitat i exercitar els seus drets i facultats en un altre estat membre.
Com haurem d’actuar al planificar una herència amb clars elements d’internacionalitat?
El present article no pretén ser un anàlisi detallat del Reglament de successions de la UE sinó posar en relació aquesta nova normativa, encara no en vigor, i la normativa fiscal que ara el TJUE ha vingut a sancionar en el cas espanyol.
Per tant, a l’hora de planificar una successió i, en conseqüència, fer testament haurem de tenir en compte quina llei volem que s’apliqui a la successió, que determinarà per exemple l’existència o no de legítimes, però també quina relació tindrà amb la fiscalitat.
Pensant ja en l’horitzó que es planteja més enllà de l’agost del 2015:
A un resident alemany a la costa catalana li pot interessar que la llei que regeixi la seva successió sigui la seva llei nacional, però si és resident a Catalunya i deixa bens aquí ha de tenir també en compte la legislació fiscal que se li aplicarà.
Si aquest alemany només és propietari de una casa que només utilitza durant els mesos d’estius i té oberta un compte bancari amb alguns diners per a quan ve durant aquestes dates, però continua residint al seu país, se li aplicarà la llei alemanya a la successió (llei de la residència habitual i, a més, la de la seva nacionalitat), però els seus causahavents podran invocar les reduccions fiscals catalanes encara que no hi siguin residents, seguint el criteri de la STJUE.
Però les múltiples possibilitats i combinacions són possibles i els resultats encara més:
I si aquest alemany ostentés a més un altra nacionalitat? Podria haver optat que la seva successió es regís per la llei d’aquesta altra nacionalitat? Tindria això conseqüències fiscals?
Si compliquem més la situació i pensem en un ciutadà britànic (no vinculat pel Reglament) o un ciutadà del Canadà (extracomunitari) que es moren a Espanya sense haver fet testament i amb bens tant mobles com immobles als dos països, quina llei aplicarem? Amb quins efectes fiscals? El criteri de la STJUE seria aplicable a totes les successions internacionals o només respecte dels ciutadans de la UE?
Les respostes no són senzilles ja que són una combinació de la normativa sobre llei aplicable i de normes fiscals.
Així, als estrangers no comunitaris que es morin a Espanya i dels quals es plantegi una successió aquí se’ls hi aplicarà les normes del Reglament UE (residència habitual del causant), però el seu país d’origen tindrà unes altres normes determinants de la llei aplicable que no tenen perquè està basades en la residència sinó en la nacionalitat i que atorguin drets hereditaris diferents i, per tant, ja tenim el conflicte servit. Els tribunals hauran de resoldre en molts casos aquests conflictes, però quins tribunals? Si l’Estat de la nacionalitat del causant no vinculat pel Reglament UE no reconeix la competència dels tribunals de la residència d’aquest, podríem tenir resolucions irreconciliables i inexecutables a l’altre Estat.
Amb independència de la determinació dels drets hereditaris (que pot ser pacífica o no), els causahavents no residents, nacionals de països comunitaris, haurien de tenir el mateix tractament fiscal que els residents (STJUE). Els no comunitaris i no residents a cap estat membre que, en conseqüència, no estiguin vinculats per la normativa europea no podran demanar aquest mateix tractament fiscal que està emparat a la no discriminació i en la llibertat de circulació de capitals, a no ser que la normativa fiscal de cada estat membre així els hi reconegui.

(1)(vegeu la pàgina web del TJUE per comprovar les seves funcions. http://curia.europa.eu/)

(2)Afer Jäger C-256/06, Afer Welte C-182/12 i Afer Mattner C-510/08 http://curia.europa.eu/

(3)REGLAMENT (UE) N úm 650/2012 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d’un certificat successori europeu.
(4)Cal recordar que ni la Gran Bretanya ni Irlanda ni Dinamarca queden vinculats per aquest reglament UE 650/2012