derechos del ciudadano

Modificació dels drets dels detinguts a partir dues directives europees més/Modificación de los derechos de los detenidos a partir de otras dos directivas europeas.

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Modificació dels drets dels detinguts a partir dues directives europees més.
Projecte de llei presentat a les Corts Generals per modificar La Llei d’Enjudiciament criminal en compliment de la necessitat de transposició de les directives comunitàries 2010/64/UE de 20 d’octubre relativa als drets de traducció interpretació i la directiva 2012/13/UE de 22 de maig relativa al dret a la informació en els procediments penals.
El text recull una ampliació de la necessitat de traductor pels imputats no només de les declaracions judicials i policials sinó també en la seva entrevista amb els lletrats i la traducció de documents essencials

Modificación de los derechos de los detenidos a partir de otras dos directivas europeas.

Proyecto de ley presentado a las Cortes Generales para modificar La Ley de Enjuiciamiento criminal en cumplimiento de la necesidad de transposición de las directivas comunitarias 2010/64 / UE de 20 de octubre relativa a los derechos de traducción interpretación y la directiva 2012/13 / UE de 22 de mayo relativa al derecho a la información en los procedimientos penales.

El texto recoge una ampliación de la necesidad de traductor por los imputados no sólo de las declaraciones judiciales y policiales sino también en su entrevista con los letrados y la traducción de documentos esenciales
New reform of the Spanish Criminal Proceeding Law according to EU Directive 2010/64 / UE of 20 October and Directive 2012/13 / UE of 22 de May. There’s a project presented to the Spanish Parliament

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¿Insensibilidad o indiferencia?

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HH, ciudadano marroquí, casado con ciudadana española de origen con quién lleva más de 4 años de vida en pareja. Tuvo permiso de residencia que no pudo renovar por falta de trabajo. Casado con ciudadana española presenta solicitud de tarjeta de residencia comunitaria, que le deniegan por no tener ingresos suficientes (criterio que a tenor de la Directiva comunitaria 38/2004 y normas interpretativas no debería impedir la expedición de tarjeta, ya que así se está impidiendo el ejercicio real de la libre circulación y vulnerando el derecho a la vida familiar recogido en la CDH del que España es parte). Se recurre vía judicial esta denegación.
En el ínterin que HH se quedó sin autorización de trabajo le hicieron una propuesta de expulsión, que también se encuentra recorrida en vía judicial y hace apenas dos semanas lo ponen a disposición del juez de instrucción para acordar el internamiento en el CIE, y el juez lo acuerda con el argumento de que constando arraigo acreditado y documentado podría substraerse a la expulsión.
En menos de una semana, sin comunicación judicial alguna, sin comunicación a su esposa y a las cuatro de la madrugada lo expulsan.
Todo el proceso se ha hecho con las debidas autorizaciones judiciales, pero ¿Han sido estas escrupulosamente correctas? ¿Se han respetado realmente todos los derechos del ciudadano HH y su esposa?
Aunque las reclamaciones judiciales y a todos los niveles continúan, ¿llegaran a paliar las graves consecuencias que esta expulsión ha causado no solo al ciudadano HH sino también a su familia?